El tráfico ilícito de bienes culturales en América Latina y el Caribe: Balance y Perspectivas

por Dra. Cecilia Bákula                Lunes, 21 de Julio de 2008 19:51

En casi todos los países de América Latina y el Caribe, es un secreto a voces que, diariamente, importantes bienes culturales desaparecen de sus lugares de origen o de los espacios en donde se encuentran, ya sean estos museos, templos, conventos, colecciones particulares o estatales. La lucha por recuperar los objetos desaparecidos se viene convirtiendo en un proceso no solo complejo y costoso, sino que enfrenta a los países en desigualdad de condiciones para atacar a este problema pues, como se ha señalado, por lo general son los países pobres o en vías de desarrollo los que se ven más afectados por este flagelo y, en la mayoría de los casos, no están en capacidad de desgastarse en un enfrentamiento por la devolución de bienes materiales, cuando sus esfuerzos debieran orientarse, principalmente, a la construcción de su futuro consolidando su propia personalidad e identidad y ello implica, evidentemente, la preservación de su Patrimonio Cultural.


Queda aún pendiente un análisis exhaustivo de las diversas e importantes colecciones de objetos arqueológicos, etnológicos, obras de arte colonial y contemporáneo que se han ido formando, desde hace muchos años, en nuestros países. El coleccionismo, si bien puede ser una forma discreta de encubrir acciones refinadas de tráfico ilícito, debe ser visto también, como una de las formas de preservación de diversas formas de arte. Existen muchos repositorios de arte que han servido para custodiar de la desaparición a cantidad singular de bienes culturales. Hoy en día, todos los Estados están desarrollando campañas para regularizar esos conjuntos, proceder al registro e incorporar la información que ellos aportan al mejor conocimiento de la riqueza cultural de nuestros pueblos.

Sobre este tema existen (y existirán) opiniones antagónicas y casi siempre irreconciliables. No obstante, no podemos dejar de reconocer que el acervo de museos, colecciones y entidades nacionales, estatales o particulares, ha venido cumpliendo, de alguna manera, una labor de salvaguarda. El reto de los Estados radica en establecer las pautas para mantener bajo control esas riquezas, hacerlas accesibles al público (conocedor o lego) y ejercer vigilancia sobre esos conjuntos. Y, como se ha señalado, cada país debe determinar qué es lo que desea conservar, cuáles son sus parámetros de antigüedad, calidad y tipología. Mucho de lo que ahora podría considerarse sin mayor valor cultural o pertenece a la producción de jóvenes artistas, podrá ser en un futuro la esencia, por ejemplo, de las manifestaciones del arte del presente siglo. Objetos que hoy carecen de gran significación podrán ser más adelante piezas fundamentales en los museos; muchas de las cosas que ahora descartamos por abundantes y cotidianas, podrían facilitamos el conocimiento de la vida diaria en el siglo XXI. (64) Esas colecciones que se van gestando, que tendrán importancia más adelante, deben ser también parte del interés de las autoridades. Patrimonio no es sólo lo «anterior», es lo que los hombres hacen, construyen, reelaboran y producen a lo largo de toda su historia. Todo ello debe ser normado, establecido y enmarcado dentro de pautas claras y coherentes, existiendo además la voluntad de hacerlas cumplir y aplicar las sanciones pertinentes. (65) Es aquí donde los conceptos de ética, para museos, coleccionistas y marchantes que veremos más adelante, adquieren importancia capital y, en todos los casos de adquisición o transferencia de propiedad, debe tenerse en cuenta la necesidad de manejar, honrada y honestamente, los datos de origen y procedencia de cada objeto. Esto, no sólo para asegurar que los bienes no procedan del saqueo o del tráfico ilícito, sino por la necesidad de poder integrar esos bienes al estudio de los conjuntos. (66)


De acuerdo a un enfoque aportado por México, (67) el tráfico ilícito de bienes culturales comprometía la acción de los Estados en tres niveles:1) la pobreza de la gente del lugar a lo que agregamos la carencia de educación y de toma de conciencia; 2) la corrupción de quienes tienen la responsabilidad de custodiar esos bienes, y 3) la existencia de un mercado negro. Los dos primeros problemas deben ser atendidos por cada Estado que ve mermado y expoliado su Patrimonio Cultural; el tercer enunciado podría ser atacado mediante el uso correcto de los mecanismos que aporta la Convención de 1970 y el Convenio de UNIDROIT. (68)

Los bienes del Patrimonio Cultural son sin lugar a dudas las manifestaciones de la memoria colectiva y en ellos, los pueblos encuentran sus fuentes de identidad y singularidad y es en esta, precisamente, en que los pueblos se encuentran a si mismos y al mismo tiempo se integran con toda la humanidad que crea, elabora, se inspira y define con individualidad.

Nuestra región es creadora de un valioso legado cultural que constituye nuestra mejor herencia social y un legado que debemos administrar y conservar para que en él se reflejen y reconozcan las siguientes generaciones y puedan embonar su existencia en el conjunto de eslabones que forman la historia de cada pueblo y de cada hombre. La pérdida de ese patrimonio significa la «quiebra de la primera barrera del respeto y la conciencia sobre nuestros bienes culturales» (69) ya que el interés de lucro traspasa la línea de lo legal para convertir al tráfico en un delito que se encubre bajo los velos de la globalización y la consecuente alienación de los pueblos; ellas aceleran la pérdida de valores propios y debilitan la posibilidad de crear una identidad.

En muchos países de nuestra región, la pobreza y la no erradicada ignorancia coadyuvan a que el tráfico ilícito de bienes culturales empiece a tomar dimensiones de epidemia. La situación obliga a un análisis desde varias perspectivas y a tener en cuenta, cuando menos:

- la legislación deficiente que sobre esta materia existe en casi todos nuestros países y en este rubro es fundamental retomar la importancia y el valor de la Convención de 1970 porque su aplicación requiere que cada Estado pueda elaborar las pautas jurídicas que, de acuerdo al ordenamiento interno, permitan realizar acciones eficientes en defensa del propio Patrimonio Cultural. (70)

- Es indispensable, además, ajustar y concordar la legislación vigente y actualizar los códigos en los que, de manera imperiosa y urgente, debería quedar tipificado como delito tanto el tráfico ilícito como las actividades conexas. Esa norma había presentado algunas deficiencias y la versión del ano 1991 debió modificarse hasta en dos oportunidades para que por fin, en 1999, quedara una versión final.

- La legislación debe incluir la participación ciudadana como una forma de preservar el patrimonio y permitir la recuperación (la reapropiación) del valor del Patrimonio Cultural como aquellos bienes que no siendo renovables, son el nexo con los fundamentos de nuestra propia manera de ser.

En resumen, las deficiencias recurrentes en la legislación referida al Patrimonio Cultural son: (71)

- la falta de precisión en la terminología utilizada para definir bienes culturales;

- la indulgencia y la benevolencia en relación a las penalidades estipuladas por la infracción de las leyes y reglamentos relativos al tráfico ilícito del Patrimonio Cultural;

- La inconsistencia entre las leyes, los reglamentos y los acuerdos o convenciones internacionales, tanto en su aplicación así como en la ausencia de reglas comprensivas para la aplicación de las normas: es fácil detectar, en muchos Estados, la ausencia de un marco institucional (72) Esta inconsistencia se puede observar, por ejemplo, cuando las leyes pueden aplicarse a quien se descubre in fraganti más no a un reducidor a quien se le encuentra en posesión de algunos bienes evidentemente robados o cuya tenencia no puede explicar ni justificar.

- evidente desatención por parte de las autoridades responsables pues existe, sin lugar a dudas, una severa desidia en la toma de decisiones, en la definición de políticas de acción, en la formulación de normas legales, en la asignación de recursos, en la capacitación de profesionales, en la realización de campanas masivas de información.

la educación es un campo en el que el tema del Patrimonio Cultural tiene aún un largo trayecto para consolidarse como material de estudio y reflexión. La realidad afecta a todos los niveles educativos y estratos.

Como se verá más adelante, en diversos eventos internacionales se ha concluido, por ejemplo, que es imperiosa la necesidad de que en la currícula escolar, universitaria y de especialización se incluya información sobre este tema, se imparta nociones que vayan más allá de la enunciación y definiciones, para hacer de cada estudiante un conocedor y un defensor de su propio Patrimonio Cultural. Esto resulta fundamental en aquellos que optan por estudiar derecho o ingresar a instituciones como el servicio diplomático de los diversos países, quienes deberían conocer fluidamente aspectos de legislación nacional e internacional al respecto. Deberá difundirse, además, la esencia del Patrimonio Cultural como bienes frágiles, no renovables (73) cuya conservación no puede recaer exclusivamente en manos de los gobernantes y autoridades sino principalmente en la población civil la que, en última instancia, debería estar en capacidad de exigir a quienes gobiernan que actúen en concordancia con el valor de esos bienes que diariamente vemos debilitarse y desaparecer.

- la toma de conciencia con respecto al patrimonio se asocia, pos supuesto, a la labor educativa; debería ser quizá, una consecuencia natural. No obstante, dada la gravedad del tema, la complejidad de las redes que envuelven al tráfico ilícito y la variedad de actividades que involucra, la toma de conciencia debe convertirse en piedra angular de la defensa de los pueblos por aquello que les es propio. En algunos de nuestros países es necesario reforzar el orgullo y la valoración por lo propio pues en anos recientes, la penetración de formas nuevas de «ser)) pareciera atentar contra la posibilidad de combinar la riqueza de los valores ancestrales con la modernidad. A ello se agrega, como un flagelo adicional: la pobreza a la que .están atados muchos de nuestros países, llegando en algunos casos a niveles de pobreza extrema. Ello, unido a la baja autoestima personal y social, a la creencia de que los bienes materiales del Patrimonio Cultural son inacabables y renovables y, la presión de los traficantes, compradores y coleccionistas inescrupulosos que poseen capacidad económica suficiente para tentar a los más débiles, obligan a la pronta acción.

Ante la necesidad de hacer más eficiente la labor de la educación para la defensa del Patrimonio Cultural, la UNESCO viene desarrollando el Proyecto «Patrimonio Mundial en Manos Jóvenes)) y esta preocupación ha merecido talleres de difusión en Centroamérica y México, en los países de el Caribe, en los de la región andina y en los que conforman el MERCOSUR (74)

- la acción eficiente de entidades de gobierno como los juzgados, la policía y los sistemas de aduanas. Es urgente, por ejemplo, evitar que los puntos de salida de los países sean una puerta abierta, libre y amplia por donde se escapa y diluye el Patrimonio Cultural. Es urgente la conformación de cuerpos judiciales especializados y probos que respalden la labor de la policía para que su desempeño sea cada vez más eficiente.

- el conocimiento a través de la investigación, difusión y registro del Patrimonio Cultural parece ser una de las pocas herramientas que quedan aún para atacar y detener el tráfico ilícito de bienes culturales. La urgencia de estas prácticas ha sido claramente señalada en la Convención de 1970 y, por ejemplo, el registro, se convierte en un requisito sine qua non para poder poner en práctica las acciones preventivas mínimas.

De allí que cada estado deba evaluar su propio desempeño, sus posibilidades, potencialidades y debilidades para tomar las medidas pertinentes pues la pérdida de referencias culturales por destrucción o desaparición del Patrimonio Cultural, afecta no sólo a los países principalmente proveedores, sino a toda la comunidad de naciones pues son los hombres y sus sociedades los que pierden, se empobrecen y se hace cada vez más extensa la brecha entre los países que tienen y los que dejan de tener... siendo estos últimos los dueños indiscutibles de los tesoros que otros exhiben como trofeos de su opulencia y poder.

Por todo lo anterior, es evidente que resulta ocioso que en el siglo XXI sigamos definiendo y discutiendo lineamientos generales sobre nuestro proceder en el campo de la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales sin estar seguros de que cada día forjamos la cultura y la sociedad de las próximas generaciones 15 a partir de una conducta asociada a lo que, en el campo del patrimonio natural se denomina desarrollo sostenible, es decir, acciones que nos permitan conocer y servimos de la riqueza patrimonial que posee nuestra generación tomando las previsiones del caso para que esta sea trasmitida sin mengua ni daño, sino más bien enriquecida, a quienes vengan después de nosotros. Ello nos obliga, además, a preservar lo tangible y lo intangible

porque a los hombres de nuestro tiempo les corresponde el enriquecer con nuestras propias vivencias y aportes, con la impronta de nuestra época, las manifestaciones colectivas de los pueblos de los que somos parte y herederos.

No cabe duda, pues, que los bienes del Patrimonio Cultural son las manifestaciones de la memoria colectiva y en ellos, los pueblos encuentran sus fuentes de identidad, singularidad e inspiración.

Conocemos que el problema del tráfico ilícito tiene dimensiones alarmantes y crecientes, sabemos que afecta las raíces de nuestra propia esencia social pero, lamentablemente, no estamos en condiciones de cuantificar con cifras exactas ni siquiera aproximadas cuánto del Patrimonio Cultural de nuestras naciones se encuentra de manera ilegal en manos de nacionales y/o de extranjeros y cuánto de este patrimonio sale de nuestros países usando diferentes vías y lastimosamente muchas veces, bajo la ciega mirada de autoridades y funcionarios irresponsables que guardan silencio e inacción ante esta dramática realidad y se convierten en cómplices a los que debería aplicarse con rigor la ley.

Todos los días los medios de prensa locales nos sorprenden con la comprobación de nuevos atentados a estas riquezas y ante ello no podemos aceptar que tan sólo nos quede el mirar atónitos e impasibles cómo se destruye nuestra memoria, cómo empobrecemos a las siguientes generaciones y cómo permitimos si no facilitamos la expoliación de lo que nos es auténticamente propio: las raíces de las que se nutre nuestra propia diversidad. 76

Acciones y gestiones realizados por los países de lo región

La comprobación dramática del aumento del tráfico ilícito de bienes culturales y del daño que ello viene ocasionando en la región, ha llevado a que se tomen diversas acciones destinadas a prevenir, evitar y penalizar esas acciones.

Es innegable que ha habido un incremento en la preocupación de los Estados y, si bien no todos ellos han generado como consecuencia, políticas culturales acordes con esa toma de conciencia, sería injusto no señalar que, cada vez más, personas, entidades y grupos colegiados vienen elevando su voz y tomando parte activa en ese campo.

No es menos cierto que aún los resultados no son los deseables y que persisten situaciones graves, áreas en donde los logros son pequeños, casos como el que hemos reseñado respecto a la subasta en la sede parisiense de Christie's; sitios arqueológicos que siguen siendo depredados, templos católicos que sufren permanente saqueo y muchas otras situaciones que podríamos enumerar. No obstante, ha habido avances significativos y los países de la región de América Latina y el Caribe han demostrado su voluntad de atacar a este flagelo y de coadyuvar a que sus Estados actúen en ese sentido.

En el caso de Venezuela, es pertinente destacar el esfuerzo que se viene desplegando para contar con una legislación adecuada y lograr la coherencia interinstitucional, a fin de que todas las fuerzas coadyuven a limitar e impedir el tráfico ilícito que, como bien se señala, es un delito que sobrepasa las fronteras, y la comercialización en mercados extranjeros, siendo los europeos los más amplios y demandantes, en objetos arqueológicos y de las escuelas de arte colonial. (77)

En los últimos años América Latina ha dado muestras de una gran madurez en este sentido y vale la pena rescatar algunas de las acciones tomadas como resultado de los eventos que se han realizado en la región. Pero, es pertinente sería lar que esa madurez pareciera involucrar más que nada a particulares comprometidos y a agencias cuya misión se relaciona directamente con la defensa del Patrimonio Cultural, pero que no llega, en todos los casos, a involucrar a las autoridades cuya decisión sería determinante para detener y sancionar estos actos delictivos. (78)


Corroborando lo anterior, hacemos nuestras las siguientes expresiones: "Mientras que las cifras presentadas por la INTERPOL reflejaban un incremento de las piezas y bienes desaparecidos, los representantes de los institutos de patrimonio nacional señalaban la debilidad y decrecimiento de las acciones tendientes a los registros de obras [...] que las legislaciones no respondían a las necesidades actuales, que la globalización incidía desfavorablemente en el control y que la carencia de trabajo integrado a nivel de cada país eran los factores que más incidían en la falta de control de bienes culturales." (79)


La década del 90 fue prolífica en la realización de talleres nacionales, regionales y sub regionales. Vale mencionar aquellos realizados en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, El Salvador, Honduras y Guatemala y en todos hubo temas comunes que fueron tratados con profundidad, privilegiándose aquellos de la evaluación de la situación en cada país, las carencias, las necesidades de capacitación de personal, la falta de apoyo y respuesta de las autoridades y la necesidad de coordinar entre todas las entidades vinculadas con este esfuerzo a favor del Patrimonio Cultural. En cada uno de estos encuentros, fue unánime el reconocimiento a la Convención de 1970 como instrumento legal matriz que debía ser implementado a cabalidad, reinterpretado a la luz de los nuevos acontecimientos y, asumido como la norma rectora fundamental para atacar al flagelo del tráfico ilícito.

Los temas que se trataban en estas reuniones ya habían sido enunciados por la Convención de la UNESCO y, como puede verificarse en las conclusiones a las que se arribó en cada evento, había una especie de clamor, expresado abiertamente, por lograr que esta se aplique, que los Estados Firmantes asuman la responsabilidad que adquirieron al suscribirla, que sea un documento que se difunda y que, sobre todo, se ponga en práctica.

El esfuerzo pionero se realizó en la ciudad de Cuenca, Ecuador, donde se realizó en 1995 el I Taller regional UNESCO-ICOM sobre el tráfico ilícito de bienes culturales en América Latina. Una de las conclusiones más importantes fue la de "Promover las comisiones tripartitas integradas por representantes del área de cultura, policía y aduanas, para la debida coordinación de las acciones de protección, control y recuperación” En esa ocasión se sugirió la difusión del Código de Ética del lCOM y no cabe duda que desde entonces, ese valioso documento ha ido calando en las conciencias de quienes están vinculados a los museos y realizan labores asociadas a ellos. (80)

En el año 1996, el Perú convocó a un Encuentro sobre conservación, defensa y preservación del Patrimonio Cultural que contó con la presencia de autoridades peruanas del momento a las que se les enfrentó a la necesidad de tomar acciones que pasaban, antes que nada, por la formulación de una política cultural estatal coherente y de normas legales que pudieran ser, realmente, de utilidad para la defensa del Patrimonio Cultural. A dicha reunión asistieron entre otros el arquitecto Hernán Crespo Toral cuya trayectoria a favor del Patrimonio Cultural es bien conocida; se contó también con la presencia del arquitecto Gustavo Araoz, representante del lCOMOS y con una gran afluencia de estudiantes. El objetivo de ese evento fue sensibilizar a las personas que tenían entonces la responsabilidad de tomar decisiones sobre la situación del Patrimonio Cultural del Perú, de hablar en voz alta sobre estos problemas y crear un foro que permitiera la exposición y discusión de temas sensibles. Y es que el tema del tráfico ilícito deberá, entonces, ser visto en su doble perspectiva: acciones protectoras y acciones promotoras, es decir, tratar la defensa del Patrimonio, como consecuencia de las tareas de protección así como de las de educación y toma de conciencia por parte de la población.

Un evento de gran trascendencia tuvo lugar en la ciudad de Cusco, Perú, en 1999, donde se llevó a cabo el 11o. Taller regional contra el tráfico ilícito de bienes culturales, organizado también por la UNESCO, por el lCOM y con el apoyo de la OCN INTERPOL, así como del Instituto Nacional de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Ya para entonces se tenía como complemento de la Convención de 1970 el Convenio de UNIDROIT y su suscripción por parte de todos los países cuyos delegados acudían a la reunión del Cusco, fue una demanda unánime. En esa oportunidad resultó trascendente el que por primera vez se escuchó la voz de la Iglesia, cuyos bienes sufren los mayores expolios en nuestra región. En la reunión del Cusco pudieron estar presentes representantes de los países vecinos y se preparó un conjunto de recomendaciones orientadas en cuatro rubros principales: la legislación nacional, la legislación y la cooperación internacional, el manejo del patrimonio en relación con el desarrollo del turismo y la participación de Aduanas, Policía Nacional e INTERPOL en la preservación del Patrimonio Cultural. El resultado de este Taller fue el compromiso de las instituciones participantes por aunar esfuerzos para prevenir, detener y sancionar el tráfico ilícito de bienes culturales.

Cabe mencionar que en el Cusco, el problema del incremento del tráfico ilícito de bienes culturales fue señalado como un problema que debía concitar el interés nacional e hizo un llamado a la integración de la región andina para actuar mediante la suscripción de convenios y la realización de encuentros. Esto se ha cumplido a cabalidad como señalaremos más adelante.

De Cuenca al Cusco hubo un avance en el tono de las expresiones, en la radicalidad de las posiciones y en la evidente mayor toma de conciencia de la gravedad del problema del Patrimonio Cultural devastado día a día por el saqueo y el robo. Fue significativo que se realizara en el Cusco, no sólo por la importancia histórica de la ciudad y su entorno, sino porque el patrimonio arqueológico de las naciones andinas sigue ocupando un lugar preponderante entre los objetos de mayor "demanda" en el mercado internacional y porque son los templos del sur andino los que concentran la mayor codicia de los ladrones que buscan objetos de arte (esculturas y lienzos coloniales de la escuela cusqueña), como se ha expresado en el acá pite respectivo.

Es cierto que muchas de las conclusiones a las que se arriba en estos eventos parecerían ser temas repetidos o enunciados que no pasan de eso y que no llegan a tomar forma de acción ni calan en las autoridades. No hay que ser escépticos ni tampoco triunfalistas. Lograr el control y la erradicación del tráfico ilícito tomará aun un largo tiempo y es frondoso el camino por el que hay que transitar pues, como se ha venido señalando, no depende solamente de la legislación, ni de las autoridades, ni de la policía, ni de los ciudadanos, ni de la educación. Depende de manera conjunta y mancomunada de todos y hay que dar paso por paso, para que de un caminar lento e inseguro, se adquiera rapidez y ritmo sostenido. Es, además, un tema espinoso, que compromete muchas voluntades, enfrenta intereses, obliga a definiciones y a optar por seguir una línea y no otra. Motiva acaloradas discusiones y todo ello genera alguna lentitud en la toma de decisiones. En lo que se ha avanzado es no necesariamente en las decisiones, sino en la posibilidad de hablar del tema en voz alta, tratarlo en foros internacionales, plantear exigencias de políticas coherentes y difundir entre toda la población, especialmente entre los más pobres, los derechos que tienen sobre aquellos bienes, sitios y monumentos, así como la obligación del cuidado, manejo y protección que ello conlleva.

Es así como se ha ido madurando en los objetivos de las reuniones y en los criterios para establecer la temática de trabajo en cada una. En septiembre del 2001 se realizó en la ciudad de Guito, Ecuador, un nuevo evento que se denominó «Primera reunión técnica para el control del tráfico ilícito de bienes culturales en los países Andinos». Una vez más la UNESCO fue un agente decisivo, como lo fue eI ICOM, la INTERPOL y las autoridades ecuatorianas relacionadas con el Patrimonio Cultural. Se contó con la asistencia de delegados de Bolivia, Colombia, Perú, Argentina y Ecuador.

Dos son los logros más destacables de esta reunión: la decisión de nombrar en cada país un Comité Técnico Nacional para el Control del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, (81) y la elaboración de una estrategia para los años 2002-2005, elaborada a partir de la definición de problemas, elaboración de recomendaciones, formulación de acciones a tomar, determinar responsables de la ejecución y señalar fechas y montos. Adicionalmente, en dicha reunión, se aprobó la realización de acciones de urgencia y entre ellas, se dio prioridad a:

- Ejecución de una estrategia y plan de acción subregional

- Creación y mantenimiento de una red de información entre los comités técnicos nacionales

- Diseño de la «Ley Marco de Patrimonio» para países andinos, que sirva como reformulación de las leyes nacionales (82)

- Inclusión de los temas vinculados al Patrimonio Cultural dentro de los programas educativos.

De manera adicional parece conveniente destacar aquí que en Guito se manifestó un gran interés por la necesidad de servirse de los medios modernos de comunicación a fin de crear una Página Web en la que se incluyera información sobre objetos desaparecidos, se tuviera acceso a la red de la Organización Mundial de Aduanas, a la base de datos de la INTERPOL así como facilidad para acceder a documentos y normas legales vigentes y otros enlaces de interés, a través de las páginas Web con que ya cuenta el lCOM y el CIDOC. Este es un proyecto que aún no se ve cristalizado y que junto con la ((Lista roja)) podría ser de gran utilidad. No obstante, existe una cierta renuencia a denunciar los robos de obras de arte.

Con posterioridad a la reunión sostenida en Quito, se convocó una en Bogotá en el año 2002; ya se había concitado el interés entre los países de la Región por hacer un detallado seguimiento de los temas tratados, de las acciones tomadas, de los compromisos adquiridos y de los éxitos alcanzados, así como de las dificultades que se iban presentado en el camino. Era necesario hacer un balance y proseguir en este empeño.

Es así como tiene lugar el «III Taller regional contra el tráfico ilícito de bienes culturales», contando siempre con el auspicio de la UNESCO, del ICOM, eI ICOM-LAC y los Comités Nacionales y con la participación de representantes de casi toda la región, además de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Suiza. (83)

En esta reunión se trataron los siguientes temas en las ya acostumbradas mesas de trabajo:

- Legislación

- Comercio

- Formación y sensibilización

- Inventario y registro

- Policía

Y la que concitó más atención,

- La lista Roja.

Este último tema, el de la Lista Roja, resultó ser el más relevante y significativo. Fue a partir de la experiencia obtenida en relación a los objetos de Patrimonio Cultural africano en peligro (84) para los que se elaboró una lista roja de atención o alerta, que se trató la posibilidad de crear para los bienes del Patrimonio Cultural de América latina que estuvieran en riesgo, una propuesta similar que sirviera como una herramienta de difusión, prevención y sensibilización de la población. Esta iniciativa se orienta no sólo a lanzar una voz de alarma con respecto a cierto tipo de bienes muebles, sino que se relaciona también con la protección y el monitoreo de zonas arqueológicas en peligro. (85)

Fue el propio Secretario General del lCOM quien explicó los beneficios y bondades de esta herramienta denominada "Lista roja" cuando señaló que: "la Lista Roja está destinada tanto a vendedores como a compradores, a la comunidad local, a los turistas y marchantes de arte, la policía y los museos. Va dirigida a un gran número de grupos [...]. No necesito decirles que el patrimonio de América latina está en peligro. No sólo por el tráfico ilícito, sino también por el desarrollo urbano, el turismo masivo, la negligencia y las catástrofes naturales" (86)

Luego del "lll Taller..." realizado en Bogotá y de haberse comprobado la necesidad de recurrir a propuestas imaginativas y audaces para la protección del Patrimonio Cultural, y conociéndose cuán eficiente había sido la "Lista roja" en el caso del patrimonio africano, se tomó el acuerdo de elaborar las categorías que deberá contener la "Lista roja" del Patrimonio Cultural de América, la misma que deberá estar en plena difusión hacia septiembre del presente ano.

Es importante tener presente que la "Lista roja" no es un listado exhaustivo ni un documento legal, sino un instrumento de apoyo para facilitar los trabajos de identificación de obras que son traficadas, es decir, que no reemplaza a ninguna Convención ni a ninguna norma legal de cada uno de los Estados; no está por encima de la ley, sino que busca ser un instrumento más para coadyuvar a la toma de conciencia, para alertar y dar conocimiento al público y a los agentes encargados de la defensa y preservación del Patrimonio Cultural de nuestras naciones sobre los sitios que vienen siendo saqueados y los bienes que se encuentran en mayor riesgo.

Se trata de uno de los más importantes proyectos del lCOM (87) que buscará lanzar una amplia campana internacional de difusión de la "Lista roja" para lograr el mayor conocimiento de aquel patrimonio más expuesto, frágil y preferido en el circuito ilegal de obras de arte, a fin de limitar ese tráfico y favorecer la existencia de un control más significativo de las riquezas patrimoniales cuya exportación empobrece el legado cultural de los países latinoamericanos 88. En la "Lista roja" están identificados los objetos de interés cultural patrimonial de cada país, allí se especifican las características de los bienes que son considerados de alto riesgo y que no pueden ser traficados sin expresa autorización del país de origen. (89)

Para que la "Lista roja" sea un instrumento eficaz, cada país debe definir los bienes que quiere proteger por encontrarse en mayor situación de riesgo y, con respecto a ellos, debe realizar un inventario de las características a fin de que sean fácilmente identificables (90) ya que, como se ha sena lado, este documento está destinado a llegar a quienes no son necesariamente expertos, pero de quienes puede depender, en algún momento, el rescate y restitución de bienes culturales de nuestras naciones. (91)

La región tiene grandes esperanzas en los resultados que se obtendrán luego del lanzamiento de nuestra "Lista roja". Los progresos obtenidos serán evaluados en un IV Taller que tendrá lugar en la Paz en el 2004.

En este acápite, referido a las acciones tomadas a nivel de la región, es indispensable destacar que, como se indicó líneas arriba, es posible descubrir una mayor madurez en ciertos sectores y una abierta preocupación por el tema. Esto ha llevado, entre otras acciones, a promover el acercamiento con entidades y agencias nacionales y extranjeras, con organizaciones afines y a realizar encuentros y reuniones en los que se ha discutido no sólo la problemática del tráfico ilícito de bienes culturales, sino las propuestas de acción concretas para limitarlo. (92)

Deseamos recalcar que tanto las Cancillerías de la región como los Comités Nacionales del ICOM y la organización regional del lCOM para América Latina y el Caribe han desarrollado en los últimos anos diversas acciones destinadas a lograr un mayor acercamiento entre los países que sufren con más severidad el drama del tráfico ilícito de bienes culturales a fin de lograr la suscripción de convenios bilaterales. (93) Pero ello correría el riesgo de quedar convertido en letra muerte, si no va aparejado de otras acciones como la difusión de esta lacra, las acciones como la difusión de esta lacra, las campanas de educación y, sobre todo, el apoyo del Estado para que la población tome conciencia de la riqueza que posee y del derecho que tiene a que ella no le sea arrebatada. No hay ley, por buena o perfecta que sea, que pueda surtir el efecto deseado, si no involucra a la población en su cumplimiento. La sanción o el temor a ella, no es freno suficiente. (94)

Con la finalidad de involucrar y comprometer a la población, diversos eventos se han realizado en zonas de frontera a fin de alentar a los habitantes de esas ciudades a tomar acción y favorecer el cumplimiento de las normas, evitando la mayor pérdida de bienes de Patrimonio Cultural.

Al margen de los Talleres Internacionales ya citados Cuenca, Cusco, Quito y Bogotá cabe mencionar que se sigue realizando encuentros, reuniones y otros eventos a fin de afianzar lazos que permitan una acción conjunta cada vez más eficaz.

Si bien somos concientes de que todas las acciones arriba mencionadas, son sólo eslabones de una gran cadena que debe llegar a cerrase como un círculo sólido y bien estructurado, no podemos dejar de mencionar que es necesario que haya una acción conjunta y decidida de todas las fuerzas que deben tener parte en el tratamiento de este tema; que de una vez por todas las autoridades asuman su responsabilidad y den la prioridad que le corresponde al manejo y protección del Patrimonio Cultural. Cuando líneas arriba hablábamos de la madurez en nuestra Región, debemos señalar que no es una cualidad de todos los agentes involucrados, por lo que éste ha de ser un llamado a la conciencia y a la acción. Para cerrar ese círculo de eslabones, se han dado algunos pasos que si bien son aún tímidos, no son por ello menos importantes.

La labor es ardua y el camino largo. Muchos Estados de nuestra región vienen librando una dura batalla legal para lograr recuperar y repatriar los bienes culturales extraídos ilícitamente, no obstante que, por lo general, se trata de procesos administrativos complicados y largos; quizá ello explica por qué hay muchos casos que aún están en trámite o en calidad de "pendientes" y que no han podido culminar adecuadamente. Para no llegar a esta situación en la que "el sistema" bloquea las acciones, es necesario no solo ordenar y modernizar las normas jurídicas haciéndolas acordes con la realidad a la que deben atender, sino hay que evitar el tráfico ilícito y para ello, es necesario tomar las acciones para dar cumplimiento cabal a la Convención de 1970. Comprometer a la población, realizar el registro de bienes y tomar la defensa del Patrimonio Cultural, como un asunto de "importancia nacional" para recuperar el orgullo y la dignidad de los pueblos que sufren de la expoliación de su memoria material.

El tráfico ilícito de bienes culturales, lamentablemente, compromete a muchos intereses y se requiere la voluntad política para poder ponerle freno y para devolver a los pueblos productores el derecho a su producción, la dignidad por sus creaciones y el derecho a apropiarse de su memoria y su tradición.

Releer la Convención del 70, difundirla ampliamente, proponer pautas para su aplicación a raíz de la experiencia de estas tres décadas de existencia, sigue siendo la mejor acción preventiva que los países firmantes pueden utilizar. El Convenio de UNIDROIT, como complemento, será eficaz en los campos de su competencia.

NOTA:

64 Es evidente que en los últimos anos la llamada «revolución de las comunicaciones» no sólo ha modificado nuestros hábitos diarios, sino que nos enfrenta a formas más sutiles y eficientes, por cierto, de atentar contra el Patrimonio Cultural. Los Estados y las organizaciones pertinentes deberán hacer un esfuerzo por adecuar sus enunciados y legislaciones para actuar de acuerdo a la realidad de este nuestro tiempo pues los cambios son tan vertiginosos que casi no podemos aún tomar conciencia de su significado y envergadura. Utilizar los adelantos tecnológicos y los avances en las comunicaciones para conocer, difundir, proteger y defender el Patrimonio Cultural de las naciones, es un reto que debe asumir se con altura y prontitud.

65 Por lo anterior es pertinente señalar que los repositorios ya conocidos, cuyos bienes son de procedencia legal o que han sido legitimizados de acuerdo a las normas de cada Estado o por muchos anos de posesión, son casos ampliamente conocidos y difundidos. Lo que cabe anotar es la necesidad de informar sobre origen y procedencia de cada pieza nueva a fin de evitar suspicacias y posibles actos Ilegales. Son las entidades responsables de la custodia del Patrimonio Cultural las que deben alertar a los coleccionistas y sentar las bases sobre el registro de dichas colecciones.

66 Es destacable la postura de la Santa Sede sobre estos temas. En la «Carta Circular sobre la Función Pastoral de los Museos Eclesiásticos» del 2001, el Vaticano establece de manera medianamente clara la conducta que ha y debe seguir en el manejo del acervo cultural que posee; define el rol de sus museos y define la función de los mismos. Esto es aún más pertinente cuando en nuestra región, son los bienes de la Iglesia, los que junto con las riquezas arqueológicas, motivan el mayor de los intereses por parte de coleccionistas, traficantes y comerciantes inescrupulosos. Comprender el sentido de los bienes culturales de la Iglesia podría ser el primer paso para garantizar y preservar su existencia.

67 México manifiesta una gran preocupación por difundir y preservar su Patrimonio Cultural. Sus leyes más destacadas son la «Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia», dada en 1939 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. No obstante los anos transcurridos, sigue teniendo eficiente vigencia. El mencionado Instituto viene desarrollando una intensa campana destinada a «detener y prevenir el robo, saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales de México {...} » y ha elaborado un manual para definir los campos de acción de esta campaña. Cuentan también con la «Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos» dada en 1972.

68 Reconocer la existencia de estos elementos condicionantes y agravantes en relación con el crecimiento del tráfico ilícito de bienes culturales será de importancia cuando se estudien y formulen las políticas de prevención en los casos de países proveedores o que sufren el flagelo de la expoliación de su Patrimonio Cultural.

69 Luis Repetto Málaga. «El tráfico ilícito de bienes culturales». Versión no oficial de la ponencia presentada en septiembre de 2001 en Duito. Repetto es el actual Presidente de la Organización Regional para América Latina y el Caribe del ICOM.

70 Linda Young. «Personal and Communal Rights to Heritage. Australian and International laws on export controls for cultural heritage». Melbourne, 2001. Ponencia presentada a la Conferencia del Comité Australiano de registro de Patrimonio Cultural La autora señala que la primera gran debilidad que ella encuentra en la Convención de 1970 es precisamente la necesidad de que cada país signatario cuente o elabore las normas legales que, adecuándose a su propia realidad jurídica, permitan la aplicacl6n de la Convencl6n. Haciendo una referencia a los casos de Alemania e Inglaterra, Young menciona (traducción de CBB) que para los referidos países, por ejemplo, el costo de elaborar esa legislación les significa bastante más dificultades que los beneficios que obtendrían por ella. Cabe mencionar que a la fecha, Alemania no ha suscrito la Convención, e Inglaterra lo hizo recientemente, en noviembre de 2002. El texto que se reseña es del 2001; es de esperar que los Estados a que alude la autora, hayan podido reflexionar sobre su postura y, como consecuencia de la aceptacl6n de la Convencl6n, es seguro que Inglaterra deberá, cuando menos, revisar su leglslaci6n sobre los temas que propicia la Convención. Una situación muy distinta se vive y percibe en los países de América Latina en donde existe un clamor nacional por contar con normas legales claras, actualizadas y directas que, respetando la autonomía y la Independencia jurídica de cada Estado, puedan ser instrumentos eficientes para proteger el Patrimonio Cultural de nuestras naciones.


71 Estas Ideas se encuentran también en: UNESCO. La prevencl6n del tráfico Ilícito de bienes culturales. Un manual de la UNESCO para la Implementaci6n de la Convenclón de 1970, escrito y compuesto por Pernillo Askerud y Etienne Clément. México, 1999.


72 Si bien en la región de América Latina y el Caribe hay ejemplos de gran valor en el campo de la legislación, algunos de ellos ya mencionados, hay casos no tan positivos, también ya referidos, lo que significa que algunas naciones siguen estando en desventaja para defender su Patrimonio Cultural y aprovechar las venta las que significa el contar con normas jurídicas adecuadas.

73 El valor del Patrimonio Cultural debe enmarcarse necesariamente dentro del contexto que le corresponde. Es fundamental hacer hincapié en el valor agregado que significa el contexto pues el tráfico ilícito, además, priva de esa información y limita las posibilidades de conocer y/o acceder a la totalidad de la información que los bienes pueden aportar. La represión del tráfico ilícito debería tener en cuenta no sólo la expoliación material de bienes, sino la frustración que genera la pérdida de información única, que se destruye con el robo y el saqueo.

En este sentido es relevante recordar la Importancia de las investigaciones y excavaciones científicas que se realizaron en la zona de Huaca Rajada, en el norte del Perú y que concluyeron con el gran descubrimiento del Señor de Sipán. Más allá de la Importancia de los objetos que pudo rescatarse, lo asombroso fue la cantidad de información que se obtuvo y que facilitó un mejor conocimiento del mundo Moche.

74 Chile ha realizado una edición en español del manual de la UNESCO referido a este proyecto, y otros esfuerzos regionales por involucrar a las generaciones 16venes en el conocimiento y defensa de su patrimonio cultural merecen ser destacados. Colombia viene implementando el proyecto «Vigías del Patrimonio» a fin de comprometer a los jóvenes en la defensa de su Patrimonio Cultural, creando conciencia de pertenencia y motivando el orgullo por lo propio. Los resultados de esta experiencia vienen siendo aplicados en otros países de la región. En nuestros países, la participación del ICOM ha sido sustantiva para el desarrollo de programas similares.

75 Amalia Castelli González. «La lucha contra el tráfico Ilícito del Patrimonio Cultural», agosto de 2002.

76 En la 31ava Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París, del 15 de octubre al 31 de noviembre de 2002" se aprobó la «Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural«, cuyo eje se refiere a la identidad, la diversidad y el pluralismo. Sus acápites principales son: 1) La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad,' 2) De la diversidad cultural al pluralismo cultural y 3) La diversidad cultural como factor de desarrollo. La preocupación por este tema data de años antes cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas constituyó la Comisión Mundial de la Cultura y Desarrollo, dirigida por Javier Pérez de Cuéllar, ex Secretario General de la ONU, cuyo trabajo impulsado por el Director General de la UNESCO concluyó con el informe «Nuestra diversidad creativa» a fines de 1995, concluyéndose ya por entonces que es necesario entender la estrecha e indisoluble unión que existe entre cultura, desarrollo y educación.

77 María del Mar Seijo, supervisora de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Obras de Arte y funcionaria de INTERPOL Caracas.

78 Cuba es el país pionero en establecer un Ministerio de Cultura y México lo diseñó bajo el nombre de Secretaría de Cultura. Colombia cuenta desde 1997 con un Ministerio de Cultura. En la Ley de creación de ese organismo se señala «...como objetivos principales la protección, conservación, rehabilitación y divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro». Adicionalmente cuenta con una Dirección de Patrimonio y con una Coordinadora de Campana Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

Esta es la oportunidad para agradecer a María Isabel Gómez Ayala, responsable de esa oficina, por su trabajo fundamental a favor del Patrimonio Cultural y por el apoyo y la información que ha compartido para el desarrollo de este ensayo. Ecuador y Bolivia cuentan con viceministerios de Cultura.

79 En: Memoria del III taller regional contra el tráfico ilícito de bienes culturales muebles. Bogotá, 2002.

80 Lucía Astudillo. «De Cuenca en el ano 1995 a Bogotá en el ano 2002». En: Memoria del taller regional contra el tráfico Ilícito de bienes culturales muebles. Bogotá, 2002.

81 Estos Comités han sido nombrados ya en Colombia, Venezuela y el Perú. Están por verificarse en Bolivia y Ecuador; por lo general están constituidos por funcionarios de los diversos organismos de Cultura, del ICOM, de la OCN INTERPOL y de los ministerios de Educación y Relaciones Exteriores.

82 En el campo de la legislación, los esfuerzos deberían orientarse a que cada país cuente con la normatividad legal y jurídica adecuada para la defensa, conocimiento y promoción de su Patrimonio Cultural. Ello, de por sí, demanda esfuerzos e insume valioso tiempo. Quizá la propuesta de una «Ley Marco» podría resumirse en los postulados que ya están incluidos, tanto en la Convención de 1970 como en el Convenio de UNIDROIT No obstante, el ejemplo de los países centroamericanos en el campo cultural, podría motivar propuestas similares entre los Estados de la subregión.

83 Este III taller tuvo una extraordinaria acogida y vale destacar la presencia del Secretario General del ICOM, el señor Manus Brikman; de la INTERPOL, el señor Jean-Pierre Jouanny; del Convenio Andrés Bello, el señor Pedro Querejazu. Los países de la región que estuvieron representados fueron Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.

84 La «Lista roja» de bienes culturales de África fue difundida a partir del abril de 1997 Y ha dado muy buenos resultados, permitiendo, entre otros casos, la recuperación de bienes de la cultura Mok que se estaban comercializando ilegalmente.

85 El monitoreo debe entenderse, también, como una acción de supervisión a los circuitos de comercio ya que, muchas veces y tal como se ha señalado, los saqueadores o huaqueros, «descubren» ricos sitios arqueológicos y los depredan, antes de que los arqueólogos puedan siquiera rescatar la mínima información sobre ellos.

86 Manus Brikman. "Acciones del lCOM frente al tráfico ilícito. Lista roja de África." En: Memoria del III taller regional contra el tráfico Ilícito de bienes culturales muebles. Bogotá, 2002.

87 Las personas interesadas en aportar a la elaboración de este documento o en obtener mayor información pueden entrar en contacto con la señorita Valérie Jullien, de la Secretaría del ICOM, en la siguiente dirección electrónica: jullien@icom.museum

88 La publicación en versión electrónica y sobre papel de la "Lista roja" (de la que se editarán inicialmente 5 mil ejemplares que serán distribuidos en los 125 países miembros del lCOM) está prevista para septiembre de 2003. Contendrá una descripción detallada de cada categoría de objeto, fotos e información sobre la legislación que los protege.

89 Los distintos Comités nacionales del lCOM en nuestra región se encuentran definiendo las categorías que deberá contener la "Lista roja de los bienes culturales de América Latina" Vale mencionar que, por ejemplo, la lista referida a bienes africanos cuenta con 106 categorías y que en la actualidad, se cuenta ya con un documento similar referido a los bienes provenientes de Iraq.

90 La "Lista roja" de los bienes culturales en peligro en América Latina puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica: http://icom.museum/redlistjatina_spa.html

91 Entre ellos, los destinatarios naturales serán los trabajadores de aduanas, los miembros de los diferentes cuerpos policiales, los fiscales y jueces, así como los representantes diplomáticos. Todos ellos deben poder contar con las armas que les permitan defender el Patrimonio Cultural de sus países y la "Lista roja" busca ser una herramienta de apoyo a sus funciones.

92 Las acciones que se han tomado desde el Perú en los últimos anos, es una muestra de la preocupación que existe por el crecimiento y aparente impunidad con que se realizan en nuestra región, constantes actos de pillería, saqueo y comercialización ilegal de objetos del Patrimonio Cultura! A ello hay que agregar, como es evidente, la destrucción que sufren los monumentos y Sitios históricos y arqueológicos, cuyo urgente análisis, no es materia de este estudio, pero queda pendiente como una tarea que intentaremos promover y apoyar.

93 No obstante, resulta dramático comprobar que a pesar de la frondosa legislación y los acuerdos bilaterales, no ha sido posible aún poner coto ni tomar acciones radicales para erradicar o disminuir radicalmente el tráfico ilícito, tanto hacia, como desde nuestros países. Uno de los casos más controvertidos hasta la fecha fue la incautación de 206 bienes coloniales, encontrados en la casa de un funcionario diplomático, lo que puso al descubierto no sólo la existencia de bandas de comercialización ilegal, sino las rutas de acceso y salida de los bienes, la acción de redes altamente especializadas y organizadas, el desentendimiento de muchas autoridades y la poca voluntad que a veces existe por poner en práctica las leyes nacionales como los convenios internacionales de los que, en este caso, tanto el Perú como Bolivia que son las naciones involucradas, son firmantes. Este caso, flagrante, evidente y probado, no ha merecido sanción ejemplarizadora alguna, lo que podría poner en tela de juicio la voluntad de las autoridades por ejecutar la ley. Esa ausencia de sanción se ha dado en ambos países por igual y ha habido benevolencia y ceguera para tratar a los autores y a los cómplices. Cabe mencionar que en este caso, no podría de manera alguna esgrimirse la «buena fe» ya que los implicados son personas con estudios superiores y, por si esto fuera poco, el principal actor había asistido al Taller que hubo en el Cusco en 1998 y al que hemos hecho referencia en páginas anteriores. Tres anos después, el caso parecería estar a fojas cero, - el patrimonio incautado, a falta de documentación de origen y procedencia, se encuentra en un limbo jurídico -, los actores y cómplices no han recibido la sanción que merecen y el proceso judicial se encuentra estancado. Todo ello nos lleva a señalar que no son sólo las normas sino el compromiso de la sociedad y sus agentes, es decir la base ética y el Conocimiento, lo único que podrá ser el acicate necesario para que quienes tienen y deben hacer/o, ejecuten su autoridad y pongan en práctica la ley. Mayor información sobre este caso en: Mariana Mould de Pease. Apuntes interculturales. Conservación y uso de los bienes culturales de la Iglesia Católica en el Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002. 

94 En los países de la región se conocen pocos casos de sanción aplicada por daños contra el Patrimonio Cultural ni por acciones de tráfico ilícito, no hay presos ni sentenciados por estos delitos.

Artículo tomado de la publicación de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO Para un mejor conocimiento y uso de la Convención de 1970, pp. 31-42, Diciembre, 2003

Autora: 

Dra. Cecilia Bákula

Peruana. Doctora en Historia. Catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Directora del Museo del Banco Central de Reserva del Perú. Es miembro del ICOM e integra la Junta Directiva del Comité Peruano del ICOMOS.

cbakula@amauta.rcp.net.